Que los artículos 349 y 353 de la Constitución Política del Estado, disponen que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano correspondiendo al estado su administración en función del interés colectivo, reconociéndose al pueblo boliviano el acceso equitativo a los beneficios provenientes del aprovechamiento de los recursos naturales.

Que el Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado establece como competencia privativa del nivel central del Estado la política general de biodiversidad y medio ambiente: el numeral I del Parágrafo II del Artículo 299, establece como competencia concurrente con las entidades territoriales autónomas: preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

Que el Parágrafo I del Articulo 385 de la Constitución Política del Estado, determina que las áreas protegidas constituyen un bien común y formar parte del patrimonio natural y cultural del país cumpliendo funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

Que los Artículos 52, 54 y 57 de la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente, prevén que el Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, en especial las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción asimismo, dispone que es el deber del Estado promover y apoyar el manejo de la fauna y la flora silvestre con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento, normando, fiscalizando y aplicando procedimientos y requerimientos para permisos de extracción y comercialización de especies de fauna, flora y sus productos.