Que, la parte in fine del numeral 6 del artículo 9 de la Constitución Política del Estado – CPE, establece como  uno de los fines y funciones esenciales del Estado, la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Que, el artículo 33 de la CPE, instaura que las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado y, que el ejercicio de este derecho, debe permitir a otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

Que, el numeral 3., del parágrafo l., del artículo 297 de la CPE, determina que las competencias concurrentes, son aquellas en las que la legislación, corresponde al nivel central de Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. En ese sentido, el numeral 1., del parágrafo l., del
artículo 299 de la norma constitucional dispone como competencia concurrente: preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y la fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico.

Que, el parágrafo l., del artículo 381 de la CPE, dispone que la especies nativas de origen animal y vegetal son patrimonio natural, debiendo el Estado establecer las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.

Que, el artículo 383 de la CPE instaura que, el Estado deber establecer medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad, debiendo estas medidas, estar orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la
biodiversidad en riesgo de extinción.