Que la Constitución Política del Estado, promulgada el 07 de febrero de 2009, establece en el artículo 342, que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, como mantener el equilibrio del medio ambiente; concordante con el artículo 343 que considera a la biodiversidad como un recurso natural, por ende de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del
país.
Que la Ley Nº 1333, Ley de Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992 establece que entre los fines del Estado, se encuentra la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, estableciendo como deber, promover y apoyar el manejo de la fauna silvestre, en base a información técnica, científica y económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento.

Que, los artículos 54 y 55 de la Ley Nº 1333 establecen que es deber del Estado «promover y apoyar el manejo de la fauna silvestre, en base a información técnica, científica y económica, con el objeto de hacer un uso sostenible de las especies autorizadas para su aprovechamiento», además es deber del Estado «preservar la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de la fauna tanto silvestre como de especies nativas domesticadas, así como normar las
actividades de las entidades públicas y privadas, nacionales o internacionales, dedicadas a la investigación, manejo y ejecución de proyectos del sector».