Que la Constitución Política del Estado establece dentro de sus fines y funciones esenciales en el artículo 9, numeral 6: «Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, (. . .) así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras». Asimismo, la misma norma constitucional señala en el Art. 342 que: «Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente».

Que la citada norma constitucional en el Artículo 346 establece que: el patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión. Dichos postulados constitucionales en materia de medio ambiente se relacionan con otros derechos constitucionales pues la norma suprema garantiza el desarrollo de la ciencia y la investigación científica técnica y tecnológica, acorde con el Artículo 103 de la norma constitucional.

Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 348, establece que los recursos naturales, los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento, determinado también que los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país, disposición concordante con el artículo 381 de la norma constitucional.