Que,  la  Constitución  Política  del  Estado  Plurinacional  de  Bolivia,  en su Art.  9,  Núm.  6, estipula   como   fin   y   función    esencial   del   Estado   el   promover   y   garantizar   el aprovechamiento  responsable  y planificado  de  los  recursos  naturales  y la  conservación del  medio  ambiente  para  el  bienestar de  las  generaciones  actuales  y futuras.  En ese entendido,  el Art.  349  de  la  misma  norma  constitucional,  determina  que  los  recursos naturales son de propiedad del pueblo  boliviano y serán administrados por el Estado.

Que,   la  misma  Constitución   Política  del  Estado,   en  su  Art.   348,   establece  que  la Biodiversidad, entre otros, es un  Recurso Natural, estableciendo  que su aprovechamiento debe  estar  enmarcado   a  lo  dispuesto  en  el  Art.  383  la  cual  indica  que  el  Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal  o permanente, sobre los usos extractivos  de  los  recursos  de  la  biodiversidad  y  además  dispone  que  las  medidas, estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración  de  la  biodiversidad  en riesgo de extinción,  proveyéndose  la  sanción  penal para la tenencia,  manejo y tráfico  ilegal de especies de la  biodiversidad.

Que,  la  Ley  Nº  1333,  Ley de  Medio Ambiente,  en su Art.  54, establece  como deber del Estado  el  promover   y  apoyar  el  manejo  de  la  fauna  y  flora  silvestres,   en  base  a información  técnica,  científica  y económica,  con el objeto de hacer  un uso  sostenible  de las especies autorizadas para su aprovechamiento,  en esa línea,  ésta disposición  legal, señala que el Estado debe promover programas de desarrollo a favor de las comunidades que tradicionalmente  aprovechan  los  recursos  de flora  y fauna con fines  de subsistencia, a modo de evitar su depredación  y alcanzar su uso sostenible.