Que el numeral 4 del Parágrafo I del Artículo 175 de la Constitución Política del Estado, establece que las Ministras y los Ministros de Estado tienen como una de sus atribuciones la de dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el numeral 19, Parágrafo II, Artículo 298 de la norma Constitucional, establece que son competencias exclusivas del nivel central del Estado las áreas protegidas; asimismo el Parágrafo I del Artículo 385, señala que las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

Que el Artículo 61 de la Ley N° 1333, de 15 de abril de 1992, de Medio Ambiente, establece que: «Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica, así como para la recreación, educación y promoción del turismo ecológico».

Que el Reglamento General de Áreas Protegidas aprobado por Decreto Supremo N° 24781, de 31 de julio de 1997, regula la gestión de las áreas protegidas y establece su marco institucional en función a la Ley N° 1333, de 27 de abril de 1992 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por Ley N° 1580, de 25 de junio de 1994.