En el Estado Plurinacional de Bolivia, una de las acciones causantes de la pérdida de la biodiversidad nacional, es la extracción ilegal de especímenes de flora y fauna silvestre de la naturaleza con fines comerciales, provocando la reducción de sus tamaños poblacionales y repercutiendo en la vulnerabilidad a la extinción de estas especies. El tráfico ilegal de especies silvestres se constituye en la principal fuente de aprovisionamiento del comercio ilegal de vida silvestre, actividad que, a nivel mundial se ubica en tercer lugar entre las actividades clandestinas que más rédito económico genera, después del narcotráfico y el tráfico de armas (Menon et al. 1994). En este negocio, cuya lucratividad se estima en más de 20.000 millones de dólares anuales, las especies más escasas obtienen los mejores precios y son, por tanto, las más coleccionadas y cazadas, acentuándose así el riesgo de su extinción (Hemley 1994, Menon et al. 1994). La remoción de especies silvestres, además de afectar a las poblaciones naturales, promueve la transmisión de enfermedades hacia los humanos implicados en el proceso de extracción y hasta su comercialización y/o tenencia y hacia los animales domésticos que puedan entrar en contacto con ellos.